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Con una pausa, EE.UU. se une a otros Estados que detienen las transferencias de armas a Israel

Los países que suministran armas se arriesgan a ser cómplices de graves abusos

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí sobre la ciudad de Khan Yunis, Gaza, 8 de enero de 2024. © 2024 Abed Rahim Khatib/picture-alliance/dpa/AP Photo

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su administración ha "frenado" al menos un envío de 3.500 bombas y proyectiles de artillería a Israel, afirmando que Estados Unidos no transferiría ciertas armas a Israel si éste procedía a un asalto a las zonas densamente pobladas de la ciudad de Rafah.

Esta pausa parcial en las transferencias de armas no es suficiente en respuesta a las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y a las normas estadounidenses sobre transferencias de armas. No obstante, la decisión de Biden representa un cambio con respecto al apoyo incondicional que Estados Unidos ha ofrecido a Israel, sobre todo desde que Biden reconoció que "han muerto civiles como consecuencia de esas bombas y de otras formas en que [Israel] va tras los centros de población".

Biden debería resistir la oposición del Congreso a la pausa e ir más allá. Detener inmediatamente todas las transferencias de armas y apoyo militar sería coherente con las obligaciones legales internacionales y nacionales de Estados Unidos.

Desde noviembre, Human Rights Watch ha pedido la suspensión de las transferencias de armas a Israel y a los grupos armados palestinos, dado el riesgo real de que las armas se utilicen para cometer graves abusos. Proporcionar armas que, a sabiendas y de forma significativa, contribuirían a ataques ilegales puede convertir a quienes las suministran en cómplices de crímenes de guerra. Otras organizaciones de derechos humanos y decenas de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han hecho eco con sus propios llamamientos a detener las transferencias a Israel.

Recientemente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) examinó la demanda legal presentada por Nicaragua para prohibir, entre otras cosas, la asistencia militar de Alemania a Israel. La CIJ rechazó la petición basándose en la afirmación de Alemania de que no estaba exportando «armas de guerra» para uso de las fuerzas israelíes. Sin embargo, el tribunal permitió que el caso siguiera adelante y dejó la puerta abierta a un resultado diferente si Alemania comienza a suministrar más «armas de guerra», lenguaje que dos juristas han caracterizado como "podría pender como una espada de Damocles sobre los Estados que prestan apoyo militar a Israel".

Varios de los aliados occidentales de Estados Unidos ya han revisado sus políticas de suministro de armas a Israel. En marzo, Canadá anunció que cesaría sus futuras exportaciones de armas a Israel. Italia y España también suspendieron nuevas licencias.

Las acciones legales también han provocado cambios en las políticas estatales. En Holanda, una demanda obligó al gobierno a suspender las ventas de piezas de aviones de combate F-35. En Alemania, grupos de la sociedad civil presentaron una demanda similar para detener la venta de armas.

La creciente presión pública y legal está dificultando que gobiernos como el del Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca sigan vendiendo armas a Israel. El cambio de tono de Biden aumentará la presión. Ante las continuas atrocidades, la "hambruna en toda regla" en el norte de Gaza y la obstrucción de la ayuda a Gaza por parte de Israel, estos países tienen que dejar de enviar armas ya.

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